En tiempos de cambio

En tiempos de cambio

Hace algunos meses nos preguntábamos si era posible avanzar en la sociedad chilena hacia un orden institucional marcado por las orientaciones acuarianas. Eso, en medio de los debates que se vivían sobre si acaso habría un proceso de génesis de una nueva Constitución a través de una Asamblea Costituyente u otro mecanismo. Ciertos grupos revelaban el miedo a este tipo de asambleas debido a la experiencia venezolana, mientras sectores de la sociedad civil se inclinaban – en plena campaña presidencial y después – por una convocatoria ciudadana como lo único válido.

Fuente: www.revistasomos.cl

 

Bachelet ha evitado pronunciamientos categóricos, limitándose a decir que promoverá una nueva Constitución por métodos participativos e institucionales. Gran respuesta, justamente porque esa vaguedad fija dos principios que nunca han regido la historia constitucional de Chile: las normas institucionales jamás fueron generadas por métodos participativos e institucionales, sino que siempre han sido minorías las que han gestado los proyectos y la aprobación se ha hecho en medio de crisis en el funcionamiento de las instituciones, con claros signos de imposiciones gubernamentales.

El país vive vientos agitados, porque se han estirado las cuerdas más de lo que pueden resistir. El sistema económico imperante tiene facetas de injusticia que se han hecho evidentes, hasta el punto de que resulta difícil argumentar en torno a una defensa irrestricta para que todo siga igual. Hasta los más acérrimos partidarios parecen dispuestos a aceptar que debe haber algunos cambios para evitar una crisis social de mayor envergadura.

La agitación de los estudiantes y de muchos otros grupos, ya sean éstos gremios o agrupaciones ciudadanas, ha validado en el último lustro las protestas como modo de intervenir en la cuestión política más allá de los canales jurídicos. Y ello deja al desnudo que no hay canales ciudadanos ni mecanismos de participación en la actual realidad chilena.

Tales urgencias y demandas, expresadas en la calle y en redes sociales, hacen surgir la necesidad de responder a ellas y dejar de lado la discusión de fondo e importante que es sobre el modelo de sociedad a la que aspiran las mayorías en el país. Incluso se ha insinuado que la propuesta de nueva Constitución se postergará para poder concentrar los esfuerzos en la reforma tributaria, las propuesta de cambio de la estructura educacional, el cambio del sistema electoral, las nuevas regulaciones legales de la familia, la legislación sobre el aborto, las correcciones del sistema judicial, tanto penal como civil.

Frente a las propuestas de cambios hemos visto que surgen intentos de frenarlos – lo que es legítimo, por supuesto – pero se hace sin reconocer esa intención. Algunos repiten: “Estamos de acuerdo, pero…”, lo que es una manera de oponerse, validando que hay que modificar aspectos de la realidad, por medio de consensos suficientes para hacer cambios en la apariencia más que en la sustancia. Otros, que tampoco se atreven a decir que no quieren cambios, ejercen su oposición distorsionando las proposiciones. Lo primero se ha usado en el caso de la reforma tributaria. Lo segundo ha sido evidente en el caso de los temas vinculados al Ministerio de Educación.

Para muestra, un botón: se propone la gratuidad, que es el fin del copago y del lucro en los colegios subvencionados. Estos colegios deberán convertirse en instituciones sin fines de lucro y dejar de cobrar a los apoderados una contribución adicional. Con ese enunciado y sin remitirse a los textos propuestos, hay sostenedores – apoyados por diputados y senadores, además de otros dirigentes políticos – que han anunciado que sus colegios se cerrarán a contar del próximo año o que dejarán de ser subvencionados y pasarán a ser particulares, con lo que los apoderados deberán pagar toda la colegiatura.

El ambiente se perturba, porque los apoderados de esos colegios se sienten amenazados. Lo que no saben es que no es por la propuesta en discusión, sino por la forma de enfrentar los hechos por parte de quienes defienden sus intereses. Decir que a los colegios se les prohíbe seguir funcionando no sólo es una mentira, sino que es una falsedad consciente. Primero, porque no se ha aprobado todavía ninguna de las propuestas gubernamentales. Recién cuando ello se apruebe – si es que eso sucede – y se conozca el texto definitivo, se podrá decir si el colegio deberá cambiar su situación y cómo y en qué plazo deberá hacerlo. Por ahora, los interesados callan que la proposición del gobierno considera que los sostenedores tendrán 10 años de plazo para adecuarse a esa realidad. He aquí lo grave: sin haberse aprobado la reforma y haciendo caso omiso de sus contenidos, se hacen anuncios que atemorizan a los padres de familia basados en una distorsión de la verdad.

En tiempos de cambio

El clima se agita, porque cuando se usan argumentos falsos nos alejamos de la posibilidad de entendimientos. No quiero defender propuestas que no me representan, pero tampoco me parece conveniente para la sociedad chilena que la discusión sobre los eventuales cambios se lleve sobre eslóganes superficiales, falsedades, distorsiones que eluden el fondo de las cosas. Es una manera de ensuciar la vida ciudadana. Se percibe un endurecimiento en la mirada, sobre la base de una velada extorsión: no extrememos las cosas para que no pase lo del 73. Y con ello, se busca empatar en todo. Parece ser conveniente alejar el miedo, la violencia, el dogmatismo y la prepotencia de las discusiones y situarse en el terreno de la conversación y la participación democrática, donde juegan las ideas más que los discursos vacíos.

En un juego de palabras, debemos ser capaces de encontrar la importancia de lo urgente y la urgencia de lo importante: tantos problemas podrían solucionarse si acaso gastáramos menos en armamento y más en cultura, más en salud, más en formación personal.

Tal vez es hora de mirar las cosas de una manera diferente y aceptar que los otros también tienen buenas ideas.

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